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EVALUACIÓN DOCENTE
Satanización a los profesores

La Concertación hace suyo el legado Pinochetista

Durante el tiempo en que Chile estuvo bajo la bota de la junta militar fascista, todos los establecimientos educacionales fiscales fueron municipalizados. El gobierno militar necesitaba reducir con urgencia el déficit fiscal. Al municipalizar los colegios traspasó el déficit a las Municipalidades. El Ministerio de Educación vio reducida sus funciones, las que se traspasaron a los alcaldes designados (militares o civiles profascistas).

Los establecimientos educacionales forman dos grandes campos: 1) por un lado los colegios y liceos particulares subvencionados y los establecimientos municipales. Los primeros han tenido todas las facilidades para desarrollar el lucro de sus sostenedores, mientras que los últimos han sido abandonados prácticamente a su suerte. Por otro lado, 2) los colegios privados. Unos, los primeros, concentran a la inmensa mayoría del estudiantado popular; en los segundos, se educan los vástagos de la alta burguesía y de los grandes propietarios terratenientes.

Hoy, cuando entramos al cuarto gobierno de la "Concertación", vemos como la gran brecha entre establecimientos particular-subvencionados y municipales, y establecimientos privados, sigue presente. Así lo han demostrado las pruebas SIMCE y la última versión de la PSU. Mientras hay quienes cuentan con el poder adquisitivo para comprar una formación que les garantiza el ingresar en la educación superior, los estudiantes de los liceos municipales deben hacer verdaderos milagros para obtener un puntaje que les permita tan solo poder postular a las universidades tradicionales.

Ante esta inminente realidad, el gobierno ni siquiera ha sido capaz de dar explicaciones del constante fracaso de las políticas educacionales, las que ni siquiera fueron diseñadas acá, sino que son impuestas desde organismos internacionales hegemonizados por Estados Unidos como el Fondo Monetario Internacional. Solamente recuérdese que luego de los resultados arrojados por la PSU, el distinguidísimo señor Bitar renuncia al Ministerio de Educación para enrolarse en la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

Comienza la cacería de brujas

En lugar de asumir la responsabilidad que le cabe, el gobierno y sus personeros en el Ministerio de Educación se han visto en la necesidad de buscar un chivo expiatorio, alguien a quien culpar de sus rotundos fracasos.

Así, de la noche a la mañana, surge el mandato de someter a todos los profesores a una evaluación general, la denominada evaluación docente. De esta manera, si los resultados arrojaban un mal desempeño pedagógico, el gobierno y su Ministerio de la Educación estarían en condiciones de liberarse de toda la responsabilidad de los fracasos educacionales y endosársela a los "malos profesores".

Desde sus inicios el proceso de evaluación docente estuvo viciado. Las condiciones de este proceso, acordadas en un primer momento, iban siendo cambiadas, unilateralmente, sin consultar siquiera a ningún profesor.

Se dijo que la evaluación tenía el objetivo de corregir los errores en el profesorado y premiar a aquellos que se desempeñaran de buena manera. Sin embargo, la evaluación tiene una característica punitiva.

Para cualquier empleado municipal sometido a evaluación hay dos posibilidades: salir mal calificado y ser reubicado recibiendo una indemnización o salir bien calificado y ascender de puesto. A esto es a lo que se le denomina como "carrera profesional". Pero para los profesores la cuestión es diferente, quien sea evaluado con una baja calificación, debe soportar las penas del infierno, pero si los resultados muestran a un profesor “destacado”, no existe para él ningún tipo de ascenso y perfeccionamiento, sólo una miserable gratificación económica y quedar liberado por algunos años de la evaluación. Es decir, sobre los educadores la evaluación docente pende como la espada de Damocles.

La evaluación docente no es un proceso confiable

Los resultados de la Evaluación Docente, entregados el 28 de marzo por el Ministerio de Educación, arrojaron los siguientes resultados: de 10.695 docentes medidos: 5.595 (52,3%) quedaron en la categoría de competentes; 3,393 (37,3%) fueron catalogados como básicos; 706 (6,6%) se consideraron como destacados y 404 (3,8%) fueron evaluados como insuficientes. (Ver gráfico).

Sin embargo, este proceso que el Ministerio cataloga como "tan serio y decisivo" carece de enormes irregularidades:

1. En este proceso evaluativo han quedado un 43,3% de los educadores sin evaluar. El mismo ministerio reconoce que son más de 5.000 los educadores que se marginaron de la evaluación.
Quienes no entregaron sus portafolios fueron calificados en el rango de “insuficientes”, aun cuando estos profesores no fueron evaluados. La lectura que se puede hacer de esto es que el ministerio asume que el profesor que se resiste a la evaluación es por que no sabe, por tanto se le califica con la “nota” mínima. Esto es parecido cuando a un alumno se le quiere evaluar con la nota mínima por no haberse presentado a la prueba. La intención punitiva de la evaluación es evidente, todo lo cual es agravado al negársele al profesor el derecho a la apelación.

2. El 30% de la evaluación corre por cuenta de un par y un superior (casi siempre el dueño del establecimiento o el director). Con lo que casi un tercio de la evaluación queda en manos de criterios absolutamente subjetivos y que los resultados que pudiera obtener un educador podría verse decidido por el humor de un par de personas. Ahora, si dirección desea despedir a un profesor, pero no cuenta con argumentos, sólo bastaría que el director lo evalúe de mala manera para que cuente con una excusa para poner fin a sus labores en el establecimiento. No olvidemos que a pesar de los mentados ‘concursos públicos’, dirección está lejos de ser un cargo ocupado por gente realmente capacitada, y que casi siempre son puestos que responden a la dinámica clientelar y de cuoteo político, por tanto, esta instancia puede ser perfectamente utilizada por parte de la autoridad máxima de un colegio para perjudicar, y a la larga deshacerse de profesores que les resulten incómodos o sean críticos a su gestión, y al contrario, beneficiar a los que le son afines, indistintamente de su calidad como docente.
La evaluación docente se transforma en una nueva causal de despido en manos de directores municipales y dueños de establecimientos particulares, integrando al quehacer educativo una carga extra como lo es la agudización de la precarización de la fuente laboral a través de políticas de “flexibilización” aplicadas por fin a los “profesores de estado”.

3. La Evaluación docente pretende dejar caer toda la responsabilidad del proceso educativo sobre el profesorado. Lo cual evidencia la poca seriedad del gobierno y muestra su verdadero rostro, es decir, cero interés por superar la pobreza, por entregar oportunidades para todos, por educar con equidad; todos temas que ellos mismo han catalogado como de primera necesidad.
Intentando tapar el sol con un dedo, Carolina Tohá a dicho que la evaluación docente permite "poner el dedo en la llaga" (El Mercurio, 30 de Marzo del 2006, p. 9). Sin embargo, el mismo Juan Villarzú, aún desde su punto de vista pro-concertación ha sostenido que la cuestión educacional no puede ser responsabilidad de un solo sector (véase: Capital, N° 172, pp. 61-62).
Este proceso evaluativo hace la vista gorda respecto a todos los factores que influyen en la educación de los estudiantes y de quienes son los principales responsables. Pues si los profesores son los únicos responsables de la educación, entonces ¿cuál es labor del Mineduc?, o ¿qué necesidad habría de su existencia? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? Y si la responsabilidad recae solamente sobre los profesores: ¿por qué no son consultados en forma seria y permanente sobre su parecer en las políticas educacionales?
A este respecto las opiniones de los diferentes sectores son tajantes. Cecilia Cardemil, investigadora del CIDE recalca: "Pero creo que "la evaluación individual del profesor" es insuficiente. La educación se desarrolla en procesos complejos, donde intervienen múltiples factores que influyen en el rendimiento de los estudiantes." (La Tercera, 29 de Marzo del 2006, p.12).

4. Por otro lado, Carolina Velasco, investigadora de “Libertad y Desarrollo” afirma: "La principal debilidad de la evaluación es que no mide el desempeño del docente en cuanto a los resultados -si los niños aprenden o no- sino sólo el proceso de enseñanza (preparación y realización de clases)." (Ibíd., p. 13). Efectivamente, el desarrollado del ‘portafolio’ (conjunto de los materiales que se deben desarrollar en la evaluación) por parte de los docentes no es evidencia suficiente de buenas o malas clase, ni la grabación de una de ellas y su posterior revisión le podría asegurar a los evaluadores que se está en presencia de un buen o mal profesor.

5. La evaluación en la que fueron medidos cerca de 1.700 profesores, arrojó como resultado que sólo un docente debe abandonar el sistema, al ser catalogado por tercera vez como insatisfactorio. ¿Qué seriedad puede tener esto? Sin duda que no es posible que en un universo tan grande pueda haber solamente un profesor que no presente las condiciones para hacer clases. Entonces ¿Dónde están los "malos profesores" sobre los cuales el Estado ha hecho recaer la responsabilidad?

Cualquier persona que tenga meridiana claridad de lo que significa un proceso evaluativo puede dar fe de que este proceso busca flexibilizar y precarizar el campo laboral de los docentes, otorgando un mayor manejo a las municipalidades de los costos de educación, puesto que les permite administrar un efectivo mecanismo de despido sin derecho a jubilación (a penas sí una miserable indemnización) y contratar nuevos profesores por hora y con sueldos siempre bajos. Si el empleo ya es precario para los profesores de colegios privados y particular subvencionados, ahora lo será también para los profesores de planta en el sistema municipalizado. Como dijimos anteriormente, un proceso en el cual el gobierno de turno y su ministerio sólo buscan "lanzar la pelota a otros" y desligarse así de toda responsabilidad por los malos resultados.